La reciente intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich no fue un discurso diplomático más. Fue una declaración estratégica. En ella afirmó que la supervivencia de la civilización occidental exige revitalizar la alianza transatlántica y defender de manera explícita sus valores fundamentales frente a amenazas que ya no son abstractas, sino estructurales y persistentes.
Rubio planteó una reinterpretación del papel de Estados Unidos en el mundo y, particularmente, en su relación con Europa. Recordó que Occidente logró derrotar al comunismo soviético gracias a una alianza cimentada en valores compartidos, identidad civilizacional y fortaleza militar. Sin embargo, tras el fin de la Guerra Fría, esa alianza entró en una fase de complacencia. Se asumió que el orden liberal era irreversible, que el libre comercio irrestricto sustituiría la competencia estratégica y que la interdependencia económica neutralizaría los conflictos geopolíticos. Según Rubio, la cesión de soberanía y la dependencia estratégica no fueron inevitables, sino decisiones políticas que terminaron debilitando a Occidente.
Uno de los ejes centrales de su planteamiento es la recuperación de la soberanía nacional como principio rector de la política exterior. Para Rubio, la seguridad nacional no se limita al gasto militar ni a la arquitectura formal de alianzas; implica una reconstrucción moral y cultural basada en identidad, cohesión y orgullo histórico. En esta visión, los Estados no pueden subordinar sus intereses vitales a abstracciones multilaterales cuando otros actores actúan con claridad estratégica y sin complejos ideológicos. Se trata de un retorno al realismo: poder, autosuficiencia estratégica y control de fronteras vuelven al centro del tablero geopolítico.
El componente económico ocupa un lugar igualmente decisivo. Rubio sostiene que la desindustrialización occidental no fue una consecuencia inevitable del progreso, sino el resultado de decisiones que trasladaron empleos y cadenas de suministro críticas al exterior. La nueva etapa, afirma, exige reindustrialización, autonomía en minerales estratégicos, liderazgo en inteligencia artificial y fortalecimiento de sectores clave. En este enfoque, la economía deja de concebirse como un espacio neutral de intercambio y recupera su dimensión estratégica como instrumento de poder nacional, especialmente frente a competidores sistémicos como China.
En el plano transatlántico, el mensaje es claro: la alianza entre Estados Unidos y Europa debe basarse en reciprocidad y fortaleza compartida, no en dependencia. Europa debe asumir mayor responsabilidad en su defensa y en la protección de sus intereses estratégicos. Desde la perspectiva hemisférica, esto implica que Washington buscará consolidar primero su entorno civilizacional inmediato antes de proyectar poder global, priorizando cohesión interna, control migratorio y estabilidad regional.
Este llamado no surge en el vacío. En la última década, el mundo ha experimentado un retroceso democrático significativo. Para 2025, aproximadamente el 72 % de la población mundial vivía bajo regímenes autocráticos, frente al 46 % en 2012. Más de tres décadas de avances democráticos han sido erosionadas en un periodo sorprendentemente corto. La disputa actual ya no es solo económica; es sistémica: democracias liberales frente a modelos autoritarios que combinan control político centralizado, expansión tecnológica y estrategias de influencia híbrida.
La idealización posterior a la caída de la Unión Soviética —la creencia de que el comercio sustituiría a la identidad nacional, que un orden basado en reglas reemplazaría el interés nacional y que las fronteras perderían relevancia— ignoró lecciones fundamentales de la historia. La competencia por el poder y la lógica de los Estados no desaparecen; se transforman. Esa confianza excesiva debilitó la base industrial occidental y permitió que competidores autocráticos consolidaran su posición global. Al mismo tiempo, abrió espacios para que actores transnacionales —desde carteles del narcotráfico hasta redes criminales sofisticadas— aprovecharan la globalización para expandir su influencia e infiltrarse en estructuras estatales, erosionando la gobernanza democrática.
En América Latina, este contexto coincidió con el auge del llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Bajo esa narrativa, países como Venezuela y Nicaragua impulsaron reformas constitucionales que concentraron poder y debilitaron los contrapesos institucionales, consolidando sistemas autoritarios bajo un discurso progresista. En otros casos, como Ecuador, Bolivia y Argentina, estas corrientes generaron fracturas políticas y crisis de legitimidad que afectaron la estabilidad democrática, aunque algunos de estos países han iniciado procesos de corrección tras años de polarización.
El regreso de Estados Unidos a una postura más activa no responde a altruismo, sino a una lectura estratégica del entorno internacional. Toda nación actúa conforme a sus intereses. Desde esta perspectiva, el narcotráfico y la migración irregular no son solo fenómenos sociales, sino amenazas directas a la seguridad nacional estadounidense. En consecuencia, Washington está redefiniendo su política hemisférica bajo un principio de corresponsabilidad.
En este escenario, México, Colombia, Ecuador y Venezuela adquieren un papel determinante. En Colombia, la presencia de economías criminales híbridas —que combinan narcotráfico, control territorial y captura institucional— exige que la seguridad deje de ser rehén de disputas ideológicas y se convierta en prioridad estratégica. En México, la violencia de los carteles y su impacto en los flujos migratorios y logísticos transforma la frontera en un asunto de seguridad continental. En Ecuador, la crisis penitenciaria y la penetración del narcotráfico demuestran que sin control institucional no hay estabilidad democrática sostenible. Y en Venezuela, la consolidación de estructuras criminales con vínculos estatales ha convertido al país en un foco de desestabilización regional.
La nueva política estadounidense combina reindustrialización, autosuficiencia energética, control migratorio y competencia tecnológica frente a China y Rusia. La economía deja de ser neutral y se integra plenamente a la estrategia de poder. Para América Latina, esto significa que la cooperación no puede limitarse a declaraciones diplomáticas; deberá medirse en resultados concretos: control territorial efectivo, combate a redes criminales, fortalecimiento institucional y protección de infraestructuras estratégicas.
Los países del continente americano enfrentamos, así, una encrucijada histórica. La región deja de ser periférica para convertirse en un teatro central de la seguridad nacional. Ello implicará mayor presión sobre regímenes autoritarios, un combate más firme contra el narcotráfico y una vigilancia más estricta sobre la influencia de potencias extra hemisféricas en sectores estratégicos.
En este nuevo escenario, nuestras naciones deben equilibrar la defensa de su soberanía con la necesidad de cooperar frente a amenazas reales. La rivalidad entre sistemas democráticos y autocráticos ya no es implícita; es abierta y estructural.
El discurso de Múnich abre también una oportunidad para América Latina. Contar con un aliado estratégico como Estados Unidos dependerá de nuestra capacidad para alinear intereses en áreas críticas: combate efectivo al narcotráfico, gestión responsable de la migración irregular, fortalecimiento institucional y preparación de nuestra juventud para integrarse a sectores de alto valor como la inteligencia artificial, la automatización industrial y la manufactura avanzada. Asimismo, resulta clave participar en la construcción de cadenas de suministro occidentales en minerales críticos y en esfuerzos coordinados para competir en los mercados del sur global.
Depender de manera desproporcionada de economías que compiten estratégicamente con Estados Unidos, como China o Rusia, implica riesgos crecientes para la estabilidad y el desarrollo regional. La integración hemisférica no supone subordinación, sino convergencia de intereses en un entorno competitivo.
La cuestión ya no es si habrá competencia entre modelos. Esa competencia ya está en marcha. La pregunta es quién estará preparado para afrontarla con claridad estratégica, coherencia institucional y visión de largo plazo.