Introducción
En los últimos días ha circulado en medios la propuesta de un Plan de Seguridad presentada por Daniel Adler. La iniciativa ha generado tanto expectativa como escepticismo: algunos sectores la valoran como innovadora, mientras otros la critican por sus limitaciones y promesas poco realistas. Su carácter integral —que combina operaciones de fuerza, inteligencia centralizada e inclusión económica— resulta inusual en la región y justifica un examen detenido. Este artículo busca resaltar sus aportes, señalar sus debilidades y plantear cómo podría convertirse en una agenda ejecutable y sostenible.
Enfoque General
El plan parte de una premisa correcta: no puede haber seguridad sin inclusión económica y social, particularmente a través de educación y capacitación financiera. La estrategia combina medidas de choque —militarización parcial, reentrenamiento policial, endurecimiento judicial— con programas de prevención social como talleres de emprendimiento, creación de marca personal y asistencia a consumidores de drogas. El objetivo es contener la violencia de inmediato y, en paralelo, reducir las fuentes de reclutamiento del crimen organizado en el mediano plazo.
Este enfoque no es nuevo, pero sí valioso. En Colombia, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, la Acción Integral —la convergencia de operaciones militares con programas de desarrollo socioeconómico— fue determinante para recuperar territorios dominados por estructuras ilegales y restablecer la legitimidad del Estado.
Ejes Principales del plan
El plan se organiza en cuatro ejes centrales:
- Reforma judicial: propone depuración de jueces y fiscales, creación de tribunales especiales y endurecimiento de penas. Aunque busca cortar de raíz los vínculos entre justicia y crimen organizado, una purga masiva sin criterios técnicos podría paralizar el sistema judicial; la alternativa es un proceso gradual con evaluaciones patrimoniales y de desempeño.
- Fuerzas armadas y policiales: propone reentrenamiento intensivo en combate urbano, lectura de lenguaje no verbal y disuasión psicológica; además, “policializar” parte de las Fuerzas Armadas, crear un SWAT nacional e impulsar la contrainteligencia. Son medidas de impacto inmediato, pero sin una doctrina de operaciones conjuntas e interinstitucionales corren el riesgo de fragmentarse o sobrecargar las capacidades existentes.
- Control territorial y penitenciario: incluye estados de excepción en zonas críticas, militarización de barrios y cárceles, restricción de comunicaciones en prisiones y patrullajes de saturación, acompañados de programas sociales para reconstruir el tejido comunitario. Correcto en el diagnóstico, pero insuficiente sin un control logístico sostenido en puertos y centros penitenciarios, que son los verdaderos centros de gravedad del crimen organizado.
- Inclusión económica y social: plantea educación financiera, programas de empleo, talleres de emprendimiento, actividades deportivas y de salud, y asistencia integral a adictos. Este componente es una fortaleza, pues reconoce que la prevención y las oportunidades son claves para reducir el reclutamiento de bandas.
Valoración General
El plan muestra un diseño integral articulado. Retoma lecciones de la experiencia colombiana que fueron decisivas: capacitación diferenciada, vínculo entre desarrollo socioeconómico y seguridad, empleo de fuerzas especiales y fortalecimiento de la inteligencia operacional. Aun así, omite piezas estratégicas que son determinantes para ejecutar y sostener resultados: una conducción político-estratégica explícita, una doctrina de operaciones conjuntas e interinstitucionales y una agenda de reestructuración e innovación táctica dentro de las fuerzas del orden. También queda corto en cooperación internacional, clave para acceder a inteligencia técnica, formación, entrenamiento y modernización de equipos.
En anticorrupción, el plan menciona un programa, pero de manera superficial. Este debería ser un eje transversal. El crimen organizado prospera cuando captura instituciones mediante sobornos e intimidación. Sin una política robusta de integridad, con vetting patrimonial, protección al denunciante y auditorías externas, no habrá reconstrucción de la institucionalidad ni recuperación de la confianza ciudadana.
Análisis comparado con los ejes de éxito de la doctrina Colombiana
- Estrategia y liderazgo. Colombia logró continuidad porque combinó liderazgo político y conducción militar bajo una estrategia unificada. El plan de Adler carece de ese marco de conducción, lo que reduce la viabilidad de sus metas.
- Reestructuración e innovación táctica. La creación de GAULA, CCOES y brigadas especializadas mostró que el cambio organizacional y doctrinal importa tanto como el entrenamiento. El plan propone un SWAT nacional, reentrenamiento e infiltración, pero sigue siendo reactivo. Falta una reforma de estructura y procesos que asegure interoperabilidad, mando y control conjunto, y capacidad de aprender y ajustar tácticas en ciclos cortos.
- Modernización tecnológica e inteligencia. La centralización de inteligencia en Colombia se apoyó en tecnología, ciberseguridad, protocolos y control civil. El “Plan Molécula” no detalla gobernanza de datos, base legal ni defensas cibernéticas. Sin esos elementos, una fusión de información aumenta el riesgo de filtraciones y de manipulación. La modernización debe incluir sensores, analítica, cadena de custodia digital y alianzas técnicas.
- Profesionalización y legitimidad. El paso a fuerzas profesionales elevó desempeño y legitimidad. “Policializar” de forma rápida el 10% de las Fuerzas Armadas, sin ruta de profesionalización y reglas de empleo, abre riesgos legales y operativos. Se requieren perfiles, estándares de selección, entrenamiento específico, supervisión civil y protocolos de uso de la fuerza.
- Desarrollo socioeconómico y acción integral. El vínculo seguridad-desarrollo es un acierto. Para que funcione, necesita metas territoriales medibles, cronogramas y responsables sectoriales. De lo contrario, la presencia del Estado se reduce a operativos temporales sin reconstrucción del tejido social ni reducción sostenible del reclutamiento criminal.
- Cooperación internacional. La cooperación sostuvo la modernización y profesionalización en Colombia. El plan la menciona poco, pese a que Ecuador enfrenta cadenas logísticas transnacionales. Se necesitan acuerdos operativos en puertos y fronteras, intercambio de inteligencia, asistencia técnica en aduanas y trazabilidad de cargas, y apoyo para capacitación y equipamiento.
Riesgos y Exageraciones
El Plan propuesto por Adler presenta unos planteamientos que son muy difíciles de lograr en los tiempos y formas expuestos, algunos de ellos son:
- Plazo de 90 días para “erradicar” la criminalidad: técnicamente inviable. La seguridad requiere ciclos judiciales y logísticos más largos; sin metas intermedias claras, la promesa erosiona credibilidad.
- Policialización del 10% de las Fuerzas Armadas: plantea problemas legales, de mando y entrenamiento. La transición de roles militares a policiales no es inmediata, incluso si se propone de forma voluntaria.
Una alternativa más viable sería crear Fuerzas de Tarea transitorias con un fin específico, que cumplan el propósito de una Fuerza Especial sin transferir una a otra. - Estado de excepción prolongado: el uso extendido de medidas excepcionales debilita el Estado de derecho y normaliza la suspensión de garantías. Además, puede tensar las relaciones con organismos internacionales y socios estratégicos, que ven con desconfianza la excepcionalidad permanente como sustituto de políticas de seguridad sostenibles.
- Purga masiva del sistema judicial: la remoción indiscriminada de jueces y fiscales no soluciona los problemas estructurales y corre el riesgo de paralizar el servicio. La alternativa más efectiva es un proceso gradual de selección con vetting patrimonial, evaluaciones de desempeño y fortalecimiento de los órganos de control interno, asegurando independencia y transparencia sin afectar la continuidad institucional.
- Garitas y patrullajes de saturación como sustituto de inteligencia: estas medidas tienen un efecto disuasivo inmediato, pero limitado.
Sin un componente sólido de análisis de patrones criminales, control de corredores logísticos y recuperación del sistema penitenciario, pueden volverse costosas, de bajo impacto y hasta convertirse en blancos vulnerables de los grupos delictivos. - Inteligencia centralizada sin gobernanza clara (“Plan Molécula”): la integración de información estatal y privada sin un marco legal robusto plantea riesgos de filtraciones, manipulación política y vulneración de datos sensibles. Para ser viable, este eje requiere protección jurídica, protocolos de ciberseguridad y auditorías externas que garanticen un uso legítimo y controlado de la información.
Recomendaciones Puntuales para Cerrar Brechas
Para poder implementar mejor un plan como el sugerido es recomendable tener en cuenta los siguientes criterios:
- Marco de conducción: consejo de seguridad con mandato legal, metas trimestrales y tablero público de indicadores.
- Doctrina conjunta: manuales y reglas de operación compartidas Policía-FFAA-Fiscalía-Aduanas, con centros de fusión y fiscales embarcados en operaciones.
- Integridad como eje: vetting patrimonial por cargos críticos, canales de denuncia protegidos, auditorías externas y sanciones efectivas.
- Puertos-prisiones primero: escaneo no intrusivo de cargas de riesgo, perfiles de contenedores, sellos inteligentes, bloqueo de señal y mando unificado penitenciario.
- Profesionalización: rutas de formación por rol, certificaciones, evaluación continua y derechos humanos como condición de ascenso.
- Cooperación: convenios técnicos con socios para inteligencia, ciberseguridad, aduanas y formación; participación en redes regionales contra el crimen.
Camino viable y medible
El plan de Daniel Adler puede evolucionar hacia una agenda más realista y sostenible si se estructura en fases progresivas, cada una con metas concretas y KPIs verificables, que permitan medir avances y ajustar el rumbo de manera oportuna:
- Fase 0 (30 días): instalar mesa de mando unificado con reglas claras de coordinación, protocolos de fuerza e intercambio de inteligencia.
- Fase de Integridad (Transversal – 0 a 365 días): La lucha contra el crimen organizado requiere no solo músculo operativo, sino también blindaje institucional. Por eso, se propone que, desde el inicio del plan y en paralelo a las demás fases, se implemente una estrategia de Integridad y Confiabilidad con unidades de ética, evaluaciones de confiabilidad, canales de denuncia, digitalización de procesos sensibles y capacitación anticorrupción.
- Fase 1 (90 días): Control de nodos críticos. Focalizar esfuerzos en puertos y prisiones, que son los principales centros de poder del crimen organizado en Ecuador. En puertos, implementar escaneo no intrusivo del 100% de cargas de riesgo, perfiles avanzados de contenedores, sellos inteligentes y equipos mixtos con cooperación internacional. En cárceles, aplicar bloqueo total de señal, traslados selectivos de cabecillas, auditorías patrimoniales de custodios y establecimiento de un mando unificado en los centros priorizados. El éxito en esta fase envía un mensaje inmediato de recuperación de control estatal.
- Fase 2 (180 días): Expansión operativa y financiera. Extender la unidad nacional anti-extorsión a los cantones con mayor incidencia delictiva, fortaleciendo protocolos de protección a denunciantes y capacidades investigativas. Paralelamente, consolidar equipos de investigación financiera que integren datos de aduanas, tributación y sistema bancario para identificar capitales ilícitos y avanzar en procesos de extinción de dominio. En paralelo, desplegar patrullajes focalizados por cuadrantes apoyados en analítica criminal y cámaras con cadena de custodia, priorizando barrios con mayores tasas de homicidio y extorsión.
- Fase 3 (180 días): Evaluación y dimensión social. Realizar una evaluación independiente y pública de los indicadores de seguridad, con auditorías externas y rendición de cuentas a la ciudadanía. Sobre esa base, escalar programas sociales focalizados en barrios de alto reclutamiento criminal, como empleo joven, talleres de emprendimiento, mediación comunitaria y reinserción de ex miembros de pandillas. Esta fase es clave para demostrar que el Estado no solo reprime, sino que ofrece alternativas sostenibles a las comunidades vulnerables.
KPIs sugeridos: reducción de homicidios en cantones priorizados, número de denuncias por extorsión judicializadas, incautaciones en puertos, prisiones bajo control efectivo, tiempo de respuesta policial y participación ciudadana en programas de empleo.
Conclusiones
El plan de Daniel Adler aporta un enfoque interesante al combinar operaciones de fuerza, inteligencia centralizada e inclusión económica, una triada poco frecuente en propuestas de seguridad de la región. No obstante, su mayor fragilidad radica en las expectativas desproporcionadas —como la promesa de resultados totales en 90 días—, en la militarización extendida de la seguridad interna y en la escasa atención a puertos y prisiones, que constituyen los verdaderos centros de gravedad del crimen organizado en Ecuador.
Con una implementación escalonada, indicadores verificables, controles civiles efectivos y un marco legal robusto, la propuesta podría transformarse en una hoja de ruta factible para reducir la violencia y recuperar gobernanza estatal. De lo contrario, corre el riesgo de quedar como un discurso ambicioso sin sustento operativo ni sostenibilidad en el tiempo.